• La administración ladra más que muerde por fortuna hoy, la mayoreducación de los españoles (administrados o funcionarios), y la existenciade ciertas garantías jurídicas, permite a las personas que los conflictos tengan más posibilidades de solución, las más de las veces sin llegar a lajusticia ordinaria.

• Hay dos principios en la tramitación con la administración que se deben mantener.

• Cualquier comunicación con un funcionario u órgano administrativo forma parte del ‘Procedimiento administrativo’, por ello la administración ESTÁ OBLIGADA a dar curso a cualquier comunicación INCLUSO ORAL, que se realice con ella. El problema es que las orales no se pueden demostrar, por lo que a los efectos que nos toca, no existen, y como consecuencia: Toda comunicación debe hacerse por escrito, y hoy en día existen distintos medios no presenciales, básicamente y por orden de garantías:

• Correo Electrónico con acuse de recibo (hay que saber el del destinatario).

• Fax con recibo de emisión

• Buro-fax

• Correo Certificado

• Correo Certificado con declaración de contenido

Concretamente yo confirmé por fax los puntos esenciales de una conversación telefónica mantenida con una funcionaria, y eso le puso los pelos como escarpias supongo desde al barcelonés capitánmarítimo hasta a la susodicha. Eso tal vez haya ralentizado más aun mis trámites.

• La administración está moralmente y en principio, reglamentariamente, obligada a no pedir copia de documentos que tiene y/o ha emitido, el problema es, que la aplicación de este principio, por la carencia de medios de los funcionarios es farragosa para la tramitación de algo, un ejemplo, copia para comprobar un DNI. Pero por contra se solicitan copias de cosas de lo más absurdas como es en mi caso la del original de la denuncia de un robo de un documento a otra persona (el vendedor) o del Certificado de Navegabilidad que me acaban de entregar y cuya copia me re-solicitan para emitir el Certificado de Registro en ‘eseculodelmundo’ que, con perdón, es el Puerto de Barcelona. Debo decir, que tras exponerle de buenas maneras mi queja al funcionario, darle motivos legítimos, pedirle nombre y cargo, solicitarle por escrito su negativa, y solicitar audiencia a su superior o al Capitán Marítimo, de mala gana, accedió a infringir la norma escrita en A3 sobre su cabeza ‘NO SE HACEN COPIAS DE DOCUMENTOS’. Por suerte y lógica esto va cambiando. Por experiencia, sugiero que por este principio, no conviene negar a un órgano administrativo una copia de un documento solicitado, pues solo cabreará al funcionario alargando la tramitación.

• Ni todos los ciudadanos acuden a un funcionario exigiendo ni avasallando, ni todos los funcionarios responden de forma estúpida en nombre a veces de una ridícula y absurda legislación o reglamentos de funcionamiento. Generalmente, el funcionario que se niega, amablemente, a hacerte una copia del documento que te acaba de entregar ÉL MISMO, lo hace porque otro superior se lo ha ordenado, no solo porque un cartel sobre su cabeza así lo indique.

• Por lo tanto, es obvio que lo absurdo es la legislación en materia náutica y su aplicación como estamos hartos de leer, y para mi, la propia esencia de la legislación administrativa española (europea incluso), pues esto lo he vivido en Inglaterra (modelo para algunos) en otras materias, sanitaria concretamente. Es decir, pese a lo que muchos piensen, no se si aquí cuecen más habas que otros sitios próximos.

• Por suerte, pese a lo farragoso de esta legislación, y lo larga de la tramitación arriba expuesta, a mi me ha supuesto solo dos días de visita a Barcelona (vivo en el interior), y unas cuantas llamadas, eso si, el 80% vacías, sin contestación de nadie por no estar el funcionario o por directamente no cogerlo nadie.

• Pero nada que ver con las 20 ó 30 legitimas reclamaciones que en distintas ocasiones he realizado por escrito, buro-fax y/o telefónicamente contra empresas como Telefónica, Orange, Unión Fenosa, Gas Natural o distintos bancos. Mi grado de éxito en este caso es solo de un 30% aproximadamente, lo que demuestra en saldo, que en España es más fácil y barato lidiar contra la administración que contra una gran empresa privada.

• Otras empresas y gremios privados tales como, gestores, administradores, abogados, etc… (perdónenme todos los gremios aludidos), pueden tender a hacer bien su trabajo, pero cuando por lo que sea, se equivocan, generalmente lo paga el usuario contratante, incapaz de perder el tiempo demostrando la ineficacia del primero. A este le cobran el incremento del coste de la torpeza de su gestión, con lo que sale más caro, y a veces las garantías de éxito son dudosas, al ser el náutico un mundo distinto, y dificilmente valorable del todo cada tramitación con la administración. No incluyo obviamente las actuaciones en las que haya dolo manifiesto. Mi experiencia en las gestoras Náuticas es la primera, agravada por la mala fe que incorporan en los precios muchos de los ‘profesionales’ de este sector.