En mi opinión no hay que descartar ninguna instancia:
1º Recurrir las liquidaciones por ilegalidad del Decreto 368/2011: por su contenido y por prescindir absolutamente del procedimiento legalmente previsto en el art. 46 de la Ley 6/2006 para la elaboración de los Reglamentos. Consignar el importe, o pagar solicitando la devolución del exceso que pagaremos con los intereses legales correspondientes. Prescindir del Recurso potestativo de Reposición (serían ganas de perder el tiempo), interponer directamente la Reclamación Económica Administrativa (ojo, ante la Junta Provincial de Hacienda; poniendo a prueba si tienen tanta independencia de criterio como el Tribunal Económico Administrativo Regional aunque ambos sean órganos administrativos y no judiciales). Contra la desestimación de la Reclamación tendríamos que interponer el Recurso Contensioso Administrativo en el plazo de dos meses, ahora sí, ante un órgano judicial como son los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
2º Solicitar del Defensor del Pueblo Andaluz la tramitación de un expediente en queja contra la APPA por vulneración de nuestros derechos como consumidores y usarios. Resulta esperanzador el precedente de su resolución emitida contra la Marina Isla Canela y contra la APPA cuyo contenido podeis consultar
http://www.anavre.org/index.php/menu...na-isla-canela
3º Formular una denuncia ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía por la comisión de conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y/o 3 de la ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
http://www.juntadeandalucia.es/defen...as/inicio.html
4º Formular denuncia, incluso on line, ante la Comisión Nacional de la Competencia por vulneración de la misma normativa por infracciones de la misma Ley que afectan a un desigual tratamiento territorial en la prestación de servicios nauticos favoreciendo la deslocalización de la industria nautica y prácticas colusorias con Marinas de Andalucía (Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía).
http://www.cncompetencia.es
5º Exigir de la Junta de Andalucía la creación de atraques y amarres en número suficiente para hacer desaparecer las listas de espera que en ningún caso puede ser argumento suficiente para justificar el incremento de precios a los usuarios debido a la dejación de funciones de la administración (in)competente.
6º Presión en los medios de comunicación, recogidas de firmas, comprometer a los políticos en precampaña electoral: a los griñanistas y a los que no lo son, y también a los aspirantes al gobierno de la Junta de Andalucía, que trascienda el conflicto a otras comunidades procurando la adhesión de otras asociaciones de usuarios y revisión de la prestación del servicio de gestión nautica a nivel nacional, etc....
Perdón por el rollo.