[mota]

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 16 de los de Sevilla, Isabel María Nicasio, ha dictado una sentencia que da la razón a Felipe Gayoso, usuario del puerto deportivo de Isla Canela, del municipio onubense de Ayamonte, en el litigio que inició con los directivos de las instalaciones, gestionadas por la empresa Pryconsa por concesión de la Junta de Andalucía. El fallo permite a Gayoso la utilización del punto de atraque del que fue expulsada su embarcación y mantener en vigor su contrato, también anulado tras criticar las tarifas portuarias.
La sentencia es recurrible pero Felipe Gayoso, abogado, va a pedir a través de su representante legal la ejecución provisional de la misma, asegura eufórico al valorar el desenlace provisional de un enfrentamiento que surgió dos años atrás. Y confía en que en última instancia se haga firme.
En mayo de 2009 Gayoso puso en marcha la Asociación de Navegantes y Usuarios de Marina Isla Canela (Anumic) y denunció ante la Junta la existencia de unas tarifas que en opinión de este colectivo eran abusivas. En septiembre de ese año, al tratar de renovar su licencia de uso del punto de atraque recibió una respuesta negativa y se le comunicó su expulsión.
Denuncias

Quejas ante el Defensor del Pueblo y denuncias en los tribunales por la represalia se sucedieron, hasta que en esta semana se produjo la decisión judicial con un resultado totalmente positivo para los intereses de Gayoso.
La sentencia condena a Isla Canela S.A. a admitir la vigencia y sus prórrogas del contrato de atraque anual que mantenía la embarcación de recreo del usuario; y también a devolver a su costa la embarcación al punto de atraque. A Gayoso se le absuelve del pago de la cantidad reclamada por Isla Canela —más de 3.200 euros— por el retiro y saca forzosa del agua de la embarcación y su traslado a la marina seca del puerto. Por último, condena el pago de las costas del procedimiento a Isla Canela.
«Esto —aseguró Felipe Gayoso en declaraciones a ABC— marca un antes y un después, no por mi caso particular, sino por la relación de ese puerto deportivo con todos sus usuarios».

También los tribunales nos protejerán ante las subidas abusivas de la APPA.