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La Consejería y la APPA se ha propuesto rodearse de enemigos:

La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía ‘Marinas de Andalucía’, ha interpuesto una querella criminal por
prevaricación y exacción ilegal contra responsables de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y de la APPA,
tanto directores gerentes como letrados jefes y del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo público portuario.
Según el comunicado remitido por la asociación, que representa al 90% de los puertos privados andaluces y a más del 60% de
todos los atraques en esta comunidad, explica los dos motivos por los que ha decidido llevar ante la justicia a algunos
responsables de la institución pública encargada de regir las instalaciones náuticas en Andalucía. Y entre esas personas se
encontraría Concepción Gutiérrez, la que fuera titular de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía
en el período 2000-2008.
Según el presidente de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía ‘Marinas de Andalucía’, José Carlos
Martín, con quien ha podido hablar este periódico, fue a partir de su acceso al cargo cuando comenzaron los verdaderos
problemas del sector por el afán recaudatorio que comenzó a imperar en todas las decisiones que se tomaron desde la
Consejería en detrimento del sector de las instalaciones náuticas.
Decisiones como haber difundido que en 2018 se cumpliría el plazo, de forma anticipada, de las concesiones de construcción y
explotación de los puertos deportivos, "lo que acarreó que muchas de las empresas concesionarias dejaran de invertir en las
instalaciones al ver peligro de cancelación de sus explotaciones y que las pequeñas empresas que tienen locales alquilados no
renovaran sus contratos de alquiler", argumenta José Carlos Martín.
En conversación telefónica con este diario, Martín explica que el otro motivo de la denuncia es la desviación de poder y fraude de
ley al aprobar en el año 2006 como revisiones de canon lo que en realidad eran modificaciones concesionales en perjuicio de los
puertos deportivos en régimen de concesión, "lo que ha provocado que algunas marinas pasaran de pagar 10.000 euros a
475.000, o en algunos casos de 100.000 euros a 1.000.000, y eso es insostenible", subraya Martín.
Y es que desde que en el 2008 la Junta de Andalucía recibiera el traspaso de explotación de los puertos de manos del Estado, el
acoso recaudatorio a las once instalaciones que dependen directamente de la Junta no ha parado, denuncian desde la
asociación de marinas y puertos deportivos: "Sólo nos queda la vía penal para defendernos de este acoso por parte de la
Administración, que está mermando todo un potencial turístico y económico para Andalucía".