La Directiva de Servicios o Ley Omnibus tiene como objetivo eliminar las trabas administrativas que impiden la libre circulacion de servicios dentro de la UE.
Dichas trabas obligan a una serie de requistos que, en la mayoria de los casos, hacen tan compleja y lenta la autorizacion que actua como una barrera en la libre circulacion de dichos servicios.
Por todo esto la Directiva ya traspuesta a nuestra legislacion, establece un plazo muy corto para la inscripcion y el silencio administrativo positivo, dejando la obligatoriedad de las autorizaciones administrativas a aquellos supuestos en los que la actividad solicitada pueda perjudicar a la seguridad, al medio ambiente, etc.etc. Solo en esos casos justificados la administracion puede tomarse el tiempo que necesite para autorizar una actuacion o servicio.
La aplicacion es otro cantar.
