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adjunto otra noticia anterior, en el cual se explica todo.

Bermeo. Decenas de usuarios del puerto deportivo de Bermeo han ido guardando las facturas que les llegaban desde Euskadiko Kirol Portuak (EKP), una sociedad pública del Gobierno vasco, estos últimos años. Lo hicieron para que, llegado el momento en el que la Justicia dictase sentencia, pudieran reclamar sus derechos ante lo que consideran "unas tarifas privadas abusivas". Ese día ha llegado. El Tribunal Supremo ha dado la razón a 104 amarristas de esa dársena que litigiaban con la Administración. El Gobierno vasco se ve obligado así a abonar alrededor de un millón de euros por las tasas aplicadas desde el año 2006 a los propietarios de las embarcaciones.


La devolución a la que debe hacer frente el Gobierno vasco "alcanzaría hasta los 9.000 euros por cada titular de una embarcación", cifraron desde la defensa jurídica de los amarristas; si bien las cantidades -en las que están sumados los intereses- pueden variar según las particularidades de cada titular. Pero el alcance del reembolso podría resultar aún mayor, ya que aunque una cuarta parte de los más de cuatro centenares de usuarios del puerto de Bermeo se unieron para abrir la senda judicial contra las tarifas cobradas desde 2006 hasta hoy en día, tras el desembarco de EKP en la entonces remozada dársena bermeotarra, la sentencia emitida por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal podría ser aplicable a la totalidad de los amarristas. Es decir, el montante final, si el resto de titulares de las embarcaciones bermeotarras se subiera a bordo de esta sentencia -"puede crear jurisprudencia en la materia", tal y como evaluaron ayer-, podría llegar a alcanzar los 4 millones de euros.


El germen de la disputa judicial está en la llegada hace seis años a Bermeo de EKP. Tras su implantación, la sociedad mercantil de capital público aplicó incrementos "de entre un 40% y un 70% en las tarifas", denunciaron en repetidas ocasiones desde la agrupación de amarristas de Bermeo, Portu Zarra, cuando los propietarios de embarcaciones de los puertos de Bizkaia, gestionados directamente por el Gobierno vasco, no alcanzan semejantes cifras al estar sujetos a la Ley de Tasas Públicas.



Así, los usuarios abogaron por unirse e interponer hasta 400 recursos ante "las desorbitadas tarifas". El objetivo no era otro que "defender la ilegalidad del cobro de precios muy por encima de las tasas legales, amparándose en la mera interposición de una sociedad pública como gestora del puerto, y la nulidad de los leoninos contratos de arrendamiento que se vieron obligados a firmar todos los amarristas", inciden desde la asociación Portu Zarra. Sin embargo, las alegaciones cayeron en saco roto.


tsjpv, primer paso Por ello, Portu Zarra, con ayuda de Cauerpe -Coordinadora de Asociaciones de Usuarios de Embarcaciones de Recreo de Puertos de Euskadi-, emprendió la batalla judicial que aunó a 104 personas con amarre en la villa marinera. Su primera -e importante- meta fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). No en vano, fue en marzo de 2009 cuando una primera sentencia resultó positiva a los intereses defendidos por los amarristas bermeanos. El tribunal declaró la "admisibilidad" de los recursos presentados ante la Consejería de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco, pero también emitió otra orden directa. "Anuló las liquidaciones remitidas por EKP, el precio fijado, los contratos que lo sustentaban y todas las facturas correspondientes al mismo", condenando a Lakua "a la devolución de las cantidades más los intereses", desvelaron ayer. Es decir, calificó de "nulas" las tarifas implantadas y obligó a su devolución.



Sin embargo, el Gobierno vasco decidió alargar el litigio con los amarristas al recurrir ante el Tribunal Supremo. Consideraba que no se le podía condenar a devolver unos ingresos que eran de su sociedad pública. Pero, de forma paralela, otro usuario emprendió una senda judicial por separado. Y tuvo éxito: la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV también falló a su favor en 2010. A esas se ha unido ahora el Tribunal Supremo.


La extensa sentencia firme del Tribunal Supremo "critica el intento de huida del derecho administrativo llevado a cabo por el Gobierno vasco" que, amparándose en una mayor eficacia o agilidad, situó en la villa vizcaina a EKP "para cobrar unas tasas superiores a las legales", incidieron ayer los portavoces de los amarristas. Es más, advirtieron de que, al margen de "la relación interna" entre Lakua y su empresa pública, "quien es titular del dominio público y quien detenta la potestad tarifaria pública es la administración autonómica".



reunión el 25 de junio Con la vía judicial agotada tras "las contundentes sentencias en firme", los amarristas mantendrán una reunión con responsables del Gobierno vasco y EKP. La cita es el 25 de junio. Portu Zarra ha reiterado su "voluntad" para poder "llegar a acuerdos para el mejor funcionamiento del puerto deportivo". Eso sí, también han anunciado que exigirán que la administración "dé al puerto deportivo de Bermeo el mismo trato que al resto. Ni más ni menos. Queremos que el Gobierno vasco reconduzca voluntariamente su proceder", puntualizaron.