Utilizarlo, Iñaki, seguro que lo van a utilizar, y bienvenido sea. De ahí, de poder comparar al paso siguiente de homologar, estandarizar y proceder al reconocimiento automático hay un trecho importante, y no es un trecho técnico ni económico sino político. Y no digamos hasta la unificación de formaciones y titulaciones, que muchos gobiernos aborrecen, y no sólo por lo que implica de cesión de soberanía. No en vano una parte sustancial de las economías nacionales vive precisamente de la existencia de diferencias nacionales, regionales e incluso locales.
En teoría cada Estado Miembro de la UE tiene la obligación de reconocer titulaciones idénticas, análogas y similares de ciudadanos de otros EM, atribuyéndole los mismos derechos de que gozan sus nacionales, porque en su defecto se estarían poniendo trabas y restricciones ilícitas a una serie de libertades que configuran el Mercado Único, algo prohibido directamente por los Tratados.
En la práctica las cosas no son tan sencillas. Hay sectores donde fue relativamente fácil el reconocimiento casi automático (médicos, comadronas, veterinarios, arquitectos), y otros donde se ha demostrado extremadamente difícil.
En el caso de las titulaciones marítimas, el problema es que la UE se enfrenta no sólo a diversas tradiciones nacionales muy arraigadas, sino sobre todo a una legislación de carácter global que no puede controlar, y a la existencia de una multitud de operadores (constructores, armadores, profesionales) que son extracomunitarios, y ni siquiera la Comisión Europea sabe discernir con precisión el impacto que una estandarización podría tener en el empleo marítimo comunitario. Lo digo con todas las cautelas, como mera opinión, sin conocer de primera mano los asuntos marítimos, pues profesionalmente nunca he trabajado en este ámbito, pero sabiendo cómo se actúa en las instituciones europeas.
En todo caso, los sindicatos del mar y asociaciones profesionales españolas deberían intentar tener una presencia más activa en la Comisión Europea: actualizando cifras, mandando informes, solicitando participar en reuniones, etc. A través de agentes españoles (REPER, oficinas autonómicas, delegaciones empresariales), o tratando directamente con las DG, que agradecen recibir todo tipo de información.
