Esta ley es un paso adelante en el intento de privatizar el litoral, que se ve exclusivamente como un recurso económico a explotar, favoreciendo así los intereses privatizadores.
Rompe con el principio de que el litoral es un bien de todos y la costa un valor natural en sí mismo, echando abajo los fundamentos de la ley de costas de 1988, de la propia constitución española y de distintas disposiciones europeas...
