Me pregunto, que si al parecer este asunto resulta ser claramente discriminatorio para los españoles, si sería posible que la administración supiera que si esa norma sale a la luz, se va a encontrar con un recurso desde una asociación de usuarios?
No sería interesante disponer de una entidad jurídica suficiente, para incluso denunciar ante los tribunales la actuación de la administración, entendida ésta desde la legislación hasta sus vigilantes, que sirva desde la sociedad civil de una ayuda a su perfeccionamiento?
¿Es posible conseguirlo con una cuota razonable?
saludos.