Si así fuera, seguramente otro gallo nos cantaría...
Y observa el artículo 2.3 del decreto, en el que se dice que las limitaciones no afectan a las actividades del ministerio de defensa en la zona...
La reserva en cuestión es una zona de protección pesquera, no es ningún tipo de área natural protegida, que se vería ordenada por un plan de ordenación de recursos naturales.
Veo que lo que solicitaban las asociaciones ecologistas de la zona era una regulación de la pesca, no una prohibición total ni la apertura de un censo de embarcaciones autorizadas, auténtica privatización del mar que muy comunmente se oculta con motivos ambientalistas..
Dudo de la adecuación del decreto a la legislación superior, entre las que se encuentra la ley de Costas citada anteriormente y la ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad, que no preconiza en absoluto prohibiciones absolutas y sí regulación de usos, mantenimiento de usos compatibles y protección selectiva.
Este tipo de privatizaciones encubiertas ha sido promocionado por fundaciones internacionales de oscuras motivaciones y financiación como Ashoka (buscar Ashoka, amianto)...
Protección si, regulación también, prohibicion general no, privatización no