Dicen los tuareg que el verdadero problema del desierto no está en las grandes rocas del Hamadá, sino en la fina arena del Erg. Es la arena la que acaba infiltrándose en los mecanismos, en los ojos y en los pulmones y lo detiene todo.
Creo que algo así es lo que le ocurre a nuestro país. Hay algunos problemas grandes, pero el mayor de ellos es la incapacidad para resolverlos. Y esa incapacidad deriva, sobre todo, de infinidad de pequeños detalles molestos y firmemente enquistados en la sociedad y en su administración.
También los puertos turísticos sufren de ese síndrome. Un buen amigo mío, que ha dedicado los últimos 25 años a ese sector, me dijo que, en su opinión, quien invierte en ese negocio no sabe lo que hace.
Para empezar, las concesiones se otorgan (con algunas diferencias entre CCAA) por un período demasiado corto que no sobrepasa los 35 años. El lastre que la amortización introduce en los resultados financieros es enorme y en la mayoría de los casos el único negocio posible está en la propia construcción del puerto.
La financiación se calcula sobre la base de que será posible vender un número determinado de amarres a un precio ideal e irreal y que esos ingresos permitirán devolver los créditos en muy poco tiempo. La experiencia demuestra dolorosamente que eso casi nunca ocurre, porque la prospección de mercado no existe o no está bien hecha o, sencillamente, es falsa.
Así, vemos una importante cantidad de puertos cuyo concesionario está relacionado con una compañía constructora que ni sabe ni le interesa saber nada de la explotación. Su beneficio consiste en cobrar a través de créditos bancarios unas certificaciones habitualmente infladas en más del 40%. Créditos que muy difícilmente podrán pagarse y que conducirán, al cabo de pocos años, a cambiar deuda por acciones con los bancos, que tampoco saben ni quieren saber nada de explotación, y que se limitan a sentar en el consejo de administración a un empleado de nivel medio cuya intervención suele limitarse a impedir o reducir gastos como, por ejemplo, el mantenimiento preventivo.
Las administraciones locales ejercen, en teoría, vigilancia sobre el proyecto y su mantenimiento, pero en la práctica se permite la construcción de muelles "perecederos", formados, por ejemplo, con tablestacas de acero en vez de cajones de hormigón; instalaciones de agua con tuberías de PVC embebidas directamente en el hormigón; edificios con elementos de hierro oxidable; rellenos de zonas ganadas al mar hechos con fango procedente del dragado, etc. Muy pronto las necesidades de mantenimiento son monstruosas y el servicio infame. La Administración ve limitada su autoridad por el hecho de que trata con sociedades virtualmente arruinadas que, simplemente, no pueden acudir a esos gastos.
Puedo seguir un buen rato describiendo el arenal, pero sería demasiado rollo.
Las concesiones deberían ser más largas. 50 años como mínimo. Las obras deberían estar estrictamente monitorizadas. Los planes de negocio presentados al solicitar la concesión, examinados con lupa por asesorías que asumiesen responsabilidad, etc. etc. etc.
Es decir, también en este sector habría que hacer las cosas bien.
Porque, efectivamente, esto es bastante serio. Del turismo depende nada menos que el 15% de nuestro PIB.
Sorry por la paliza, pero si no lo digo, reviento.
