En Francia hablan de entre 20.000 y 30.000 barcos, muchos de ellos candidatos a la deconstrucción, es decir, a desguazarlos respetando las normas medioambientales.
Con la ley nº 2016-816 de 20 de junio de 2016 cambiaron la normativa y en unos 2 meses pueden vender o deconstruir el barco que no paga, todo ello con supervisión judicial. Lo que ocurre es que eso tiene un costo, y muchas veces con el resultado de la venta no se financia, teniéndolo que pagar el profesional que inicia el procedimiento.
En España es difícil que lleguemos a esa diligencia de tramitación; más si tiene que intervenir la Justicia.
