En nuestro caso se concede la prórroga al mismo concesionario, a cambio de unas obras. El concesionario, por su parte, ha decidido repercutir el coste del total de las obras en nosotros, lo cual sería negociable. El problema es que van más allá y el supuesto beneficio por el esfuerzo administrativo de gestionar la prórroga se convierte en una reventa encubierta de los derechos de amarre por el total de la prórroga. Un asunto, según la Autoridad Portuaria, a dilucidar entre particulares, bajo el derecho privado. Como en los dos casos que comentamos, la única opción es unirse y pelear. Veinticinco años llevamos aquí pagando religiosamente nuestras cuotas y viendo, con pesar, como el mantenimiento brilla por su ausencia.
