Estando de acuerdo en todo sólo añadiría una puntualización. Si bien es cierto que los funcionarios no tienen que ser abogados, si que tienen la obligación de conocer extensivamente toda la normativa aplicable al sector en el que desarrollen sus competencias. En el caso que un funcionario público se exceda en la aplicación de la normativa, puede muy bien ser imputado en un expediente interno por abuso de autoridad, a banda de la acusación penal si procediera. En el caso de los jueces poder pueden hacertelas pasar mal, pero en su caso sería la prevaricación, y conocemos todos a más de un juez que ha sido apartado de la judicatura por creerse que podía aplicar el derecho a su antojo.
