Originalmente publicado por Capità Drake
Algunos matices a algunas inexactitudes:
- La única sanción que daría pie sería únicamente la que se impuesiera a un residente navegara con barco con pabellón belga, holandés, etc. que no mostrara un título español cuando se lo pidiera la GC. La otra infracción, sobre los equipos de seguridad, no tiene nada que ver con la DA5, sino con una norma que se está planteando ahora pero que ni está vigente ni es seguro que lo vaya a estar. Y si se dicta esa norma, se podrá poner la impugnación directa en el plazo de dos meses desde que se dicte, sin esperar a que se imponga una multa para impugnarla indirectamente.
- La demanda no hay que ponerla en Madrid. Dado que es una imugnación indirecta (impugnación de la DA5 por medio de la impugnación de un acto de aplicación de la misma -una sanción a un residente por no disponer de un título español-), se pone la demanda en el juzgado que corresponda a la capitanía que imponga la sanción. Y, ahí, en esa demanda, el multado tiene que pedir al juzgado que plantee la cuestión de legalidad de esa DA5. Si se razona bien, el juzgado planteará esa cuestión.
- La ilegalidad consiste en que la DA5 infringe el artículo 94.3.b) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establece la responsabilidad del Estado del pabellón en cuanto a la capacitación del personal . Y el artículo 94.6, que establece que si un Estado firmante (como el Estado español en este caso) cree que algún otro Estado (Bélgica, UK, Paises Bajos, etc.) no está ejercitando correctamente sus prerrogativas, lo que tiene que hacer el Estado español es denunciar a ese otro Estado ante la ONU, pero sin inmiscuirse en imponer normativas al barco de esos pabellones que el Estado español considere que no están actuando bien.
- Dado que se impugna un acto del Gobierno (un RD) la cuestión de legalidad se plantea directamente ante el Tribunal Supremo (art. 12.1.a de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
- La sentencia no obligaría a redactar un nuevo RD, sino que se limitaría a decir que la DA5 es ilegal. Si el Gobierno quiere, que dicte una nueva norma en su sustitución, pero no tiene porqué.
¿De dónde sale eso de 24.000 €? Me parece una previsión muy, muy pasada de vueltas. Yo diría que por la mitad se encuentra un buen profesional que lo asuma. Y, como la cuestión de legalidad la resuelve el Tribunal Supremo en única instancia, no hay apelación: si se gana, se gana; y si se pierde, se pierde, pero no hay más gastos.
Teóricamente, sí. Pero los tribunales limitan mucho las costas, y los contencioso-administrativos, más (sobre todo la parte de abogados, la de procuradores, no tanto). Lo más probable es que por un tema así se imponga a la administración unas costas de abogado de entre 2.500 y 3.500 euros (dudo que llegue a 4.000), aunque al recurrente le haya costado el doble o el triple.
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