y además... ¿que "opinión" puede llegar a tener cualquiera que se vea directa o inderectamente afectado de manera coercitiva por el posible desarrollo de esta normativa?
¿No es obvio? ¿no se está perdiendo un tiempo precioso en todo ello?
Lo que tendrían que hacer a mi entender es poner en marcha sus respectivos departamentos jurídicos y establecer unas directrices de actuación
eficientes que nos tutelen en este proceder.
Vamos, digo yo...
