Cita:
Originalmente publicado por Ligera
Es que más tarde o temprano tenía que pasar; nos guste o no, la realidad es que hay un número de barcos en que el Estado no puede controlar ni fiscalizar el cumplimiento de su propia normativa, bien porque el titular carece de vinculación alguna con el país que le ha concedido el pabellón, bien porque jamás navegará por sus aguas.
En un mundo en que el concepto de la responsabilidad cada vez esta más objetivada, no tardarían en caso de siniestro, en extender la misma a quien no ha vigilado adecuadamente el cumplimiento de la normas. No se cuanto se tardará, pero se acabará en una armonización normativa, y una conexión de la embarcación de recreo con el país de residencia del propietario, más o menos con lo que ocurre con los vehículos.
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Eso que dices presupone que existe un Estado con ganas de "controlar y fiscalizar"; si se trata de un Estado que confía en el buen criterio del armador, no tiene que controlar ni fiscalizar nada (ejemplo, el Reino Unido) y todo va como la seda. Quien aprieta al armador es la compañía aseguradora, que cobra la póliza en función de cómo esté armado el barco, y en caso de siniestro pagas lo que te corresponda.
Lo malo es que exista un tercer Estado metido donde no le llaman a obligar a los demás a que todos se conviertan en "controladores y fiscalizadores" sólo porque ese Estado tiene una especie de pulsión tiránica y despótica con sus súbditos. ¿Adivinas a quién me refiero?
Por otra parte, el caso de la DGMC es especialmente hipócrita: cuando otros países limitan quién puede abanderar allí, lo que quiere la DGMC es limitar que los armadores españoles puedan abanderar en el extranjero. Despotismo no ilustrado en estado químicamente puro.
Saludos y