Cita:
Originalmente publicado por Prometeo
Insisto en que analicéis las privatizaciones que realizó el partido laborista en Nueva Zekanda en 1984. Esa no es una teoría, es un ejemplo perfecto de cómo se recupera un país hundido y se convierte en el de mejor calidad de vida del mundo.
Cuando habláis de concesiones, el problema no es de las empresas, de su ambición o falta de honestidad, es solo un problema del “ cliente “. Cuando vosotros contratáis un servicio para vuestra casa estoy seguro de que comprobáis que este corresponda con lo especificado en el contrato. Si no es así, la ley te permite rescindirlo. Tampoco me creo que aceptéis una “ mordida” a cambio de que traguéis gato por liebre. Si resulta que el cliente es el Estado y no es diligente cuidando el dinero de todos o se corrompe, la empresa privada se va a aprovechar.
Solo para recordar algunas cosas que nos pueden sorprender. Los primeros faros en Reino Unido no fueron promovidos por el Estado. Fueron promovidas por asociaciones de rescates que se financiaban con tasas. También sorprende que los funcionarios, a diferencia de los trabajadores del sector privado que solo disponemos de la pública, pueden optar por medicina pública o privada y unánimemente escogen la privada. No parece muy congruente, pero ellos sabrán porque lo hacen y parece que no les da seguridad encomendar la sanidad a funcionarios como ellos.
Nos han metido tanto en la cabeza algunos preceptos, que ahora nadie los cuestiona.
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Por matizar un bulo muy extendido, aunque me salga del hilo.
No todos los funcionarios tienen opción de elegir entre el sistema público o privado de sanidad o de pensiones, que es supongo a lo que te refieres. Hay un sistema de sanidad y pensiones privado, que es al que se acogen
SOLO ciertos funcionarios, aunque cada vez menos cuerpos pueden, pero exclusivamente de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO o absorbidos en otras administraciones, a través de mutuas específicas como MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado), ISFAS para fuerzas aereas y algunas otras. Son en todo caso empresas PÚBLICAS hasta el último euro. Todas estas se amparan a su vez en mutualidades privadas o semi públicas para el tema sanitario, pudiendo si se quiere elegir solo el público, al que también tienen derecho, con sus ventajas y desventajas.
Sin embarco los funcionarios de CCAA, Diputaciones o Ayuntamientos, salvo los absorbidos desde la AGE y no todos, solo suelen tener derecho al sistema PÚBLICO, tanto de sanidad como de pensiones. En la AGE también los de nuevo ingreso en segun qué cuerpos.
Más allá del tema sanitario, una de las diferencias radicales es la jubilación; funcionarios de la AGE pueden según en qué casos jubilarse a los 60 con la totalidad de la prestación, cumpliendo unas condiciones, mientras que de una CCAA o Ayuntamiento, no absorbidos, es a los 65 o 67 con esas mismas condiciones.
Estas diferencias y dispares sistemas de prestaciones sociales, se han intentado unificar por diferentes gobiernos de todos los colores desde el inicio de la democracia, generalmente dede el Mo. de hacienda, pues al final todo el dinero, asistencia o pensiones, sale del mismo sitio, de los impuestos y consecuentes presupuestos públicos, teniendo diferentes resultados en sus intentos.
Esto sin entrar en que a la hora de la verdad (y lo estoy desgraciadamente viendo continuamente a mi alrededor) cuando vienen mal dadas, con enfermedades de difícil cura o tratamientos excesivamente complejos o caros, se acaba en el sistema público que acoge a todos los españoles y extranjeros sin preguntar, retrasando al que no tiene un 'doble' derecho.
Perdón por el rollo