Interesante tema. Habrá que verlo con calma. A mi a bote pronto, antes de verlo en profundidad, me viene a la mente la siguiente reflexión:
1. Un Estado puede tener una legislación durísima, muchísimo más dura que las de los demás. Allá él. Pero la legislación -sea la que sea- debe aplicarse uniformemente, tenga las consecuencias que tenga (pérdida de negocio de turismo, sector náutico, etc.). Y si no gustan las consecuencias, que se cambie la ley.
2. La aplicación que un Estado hace de sus propias leyes genera una expectativa sobre su contenido y hasta podría decirse que es la principal forma de publicidad de las leyes para los ciudadanos, que saben que la normativa "es así", simplemente porque saben que eso es lo que se aplica, sin leerla en el BOE, cosa que, evidentemente, no hacen. Por eso, cuando una norma ha sido incumplida sistemáticamente, antes de aplicarla con rigor siempre se hace una campaña informativa ("ojo, que a partir de ahora van a empezar a poner multas por ..."). Lo mismo cuando se impone una nueva normativa muy diferente (por ejemplo, al reducir el límite de velocidad a 80 en las autopistas de las afueras de Barcelona, se estableció un período sin sanciones, precisamente por ese motivo).
3. Lo que no es admisible es tener una legislación durísima, hasta un nivel inverosimil (como es la normativa náutica española), y dejar de aplicarla de manera general, permitiendo que se crée una expectativa generalizada, y, de repente, tomarla con uno solo y ensañarse con él, aplicándosela con todo rigor amparándose en el artículo 6.1 del Código civil ("La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento").
Es lo que dice Miah: todos conocemos algún jubilado que lleva una buena temporada por aquí fondeando o en algún puerto en su barco americano o europeo. Eso es más acusado en el caso de europeos (por la libertad de circulación que se supone). Eso se convierte en una situación conocida y tolerada de manera generalizada, hasta el punto que generara una expectativa sobre cómo es la normativa.
Si de repente se quiere aplicar esa normativa de manera implacable, dado que es responsabilidad del Estado el haber creado la consciencia de que estaba permitido, debe antes romper esa expectativa con la publicidad necesaria. Y que asuma entonces las consecuencias negativas (pérdidas en el sector turístico, en el sector náutico, etc.).
Pero ese cambio de criterio repentino y arbitrario no me parece admisible en un Estado de Derecho. Es una burla al principio de legalidad (consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución). Y no me sorprende que ese hombre, en su desesperación, considere que esa actuación está más cerca de los piratas de Somalia que de un Estado de Derecho serio. A mi también me lo parece.
Pero digo esto sin haber leído el link (¡jolín! es que es muy larguísimo). Ya lo leeré con calma cuando pueda y a lo mejor cambia mi opinion.
Saludos
