Por la experiencia de por aquí, estas denuncias acaban mal. Es decir, se acostumbra, tras otorgar concesiones administrativas para la explotación de zonas de boyas, a dar autorización de fondeo bajo pago, estableciendo unas zonas de fondeo aún mayores, que impiden al final el fondeo libre (así sale rentable la explotación de boyas). Quienes pagan son los mismos que ahora están por libre, y otros nuevos inquilinos que ven una buena oportunidad. Es decir, todos pierden. Excepto la empresa licenciataria que hace un nuevo negocio y el ayuntamiento que gana un dinero. Según mi opinión, para estos conflictos, la Administración cuanto más lejos del mar mejor.
