Coincido con el análisis de Roger.
Creo que con declaraciones como la del ABC se están dando argumentos al enemigo. Aclaro:
Efectivamente, el contrato de amarre se suscribe entre una empresa privada y un particular. La Administración sólo interviene al principio, cuando autoriza el modelo de contrato.
Las concesiones de este tipo suelen tener un espíritu de servicio al ciudadano, un poco como reconociendo que la navegación no es un privilegio sino un derecho, como ya se apunta, y por lo tanto en el contrato de concesión la Administración suele prohibir expresamente la discriminación de los clientes por cualquier concepto. Con esto quiero decir, y lo digo con conocimiento de causa, que si un amarrista cumple con sus pagos y con lo previsto en el reglamento de régimen interior, no se le puede echar ni negarse a la renovación del contrato sin la existencia de una causa justa o de fuerza mayor (obras en el puerto, remodelación, etc.).
Como las concesiones suelen estar monitorizadas o vigiladas por la Administración, en un primer momento hubiese bastado con solicitar el amparo de la Junta.
Ahora, después de haber llamado piratas a los gestores de esa marina en público, es probable que la Administración considere justificado el deseo de no seguir tratando con ese cliente.
