Originalmente publicado por Mendaña
Quiero defender el sistema concesional que utilizan las administraciones públicas españolas para construir los puertos y dársenas deportivas por dos motivos fundamentales:
1) Sería a todas luces injusto que las administraciones dedicaran recursos públicos para satisfacer las aficiones, legítimas, por supuesto, de unos particulares, en general, con una capacidad económica superior a la inmensa mayoría de ciudadanos. Por tanto es bueno y justo que deje mayoritariamente la construcción de puertos deportivos a la iniciativa privada que, por otro lado, y en general, realizará una gestión más eficiente que las administraciones públicas.
2) El sistema concesional, a parte de que es el único que cabe en la legislación española, permite seguir manteniendo el dominio público (no confundir con bien público, eso de que es de todos, lo siento, pero no es, ni de lejos, cierto) y abre el campo a la iniciativa privada que es, de hecho, la única que puede dedicar recursos a ejecutar este tipo de obras.
Dicho lo anterior, está claro que la iniciativa privada no se va a mover salvo si encuentra rentabilidad en la obra. Pues bien, lo que puedo decir, basado en mi experiencia profesional, es que un puerto deportivo, en España, es un negocio de alto riesgo, y prueba de ello son las empresas que han quebrado en el intento. Es cierto que los amarres cuestan dinero, mucho dinero, pero es que la obra del puerto cuesta también mucho dinero y no es para toda la vida. Hay que amortizarla en el plazo de la concesión y, además, mantenerla operativa en buenas condiciones. Convenzámonos que tenemos una afición muy cara, pero es muy cara aquí y en la China, vamos, en todos los lados del mundo mundial.
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