S.O.S. Illas Atlánticas

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Existen muchos informes y estudios sobre la financiación de los espacios naturales protegidos (ENP), un ejemplo

El cobro de tasas de acceso y por servicios en ENP y terrenos públicos está generando un amplio debate a
nivel internacional en las últimas décadas (BOWKER et al., 1999) en torno al cual ha surgido una creciente
literatura técnica y científica.
Los primeros estudios al respecto surgen en la década de los 80 con el comienzo de la generalización del
cobro de tasas y entradas (entre ellos MANNING & BAKER, 1981; HARRIS & DRIVER, 1987; SCHULTZ et al.,
1988) pero esencialmente la mayor parte de los trabajos realizados se producen en la década de los 90 y
principios del nuevo siglo principalmente en el ámbito anglosajón, América Latina y más recientemente en
África, generalmente ligados a recortes presupuestarios y la consiguiente búsqueda de nuevas fuentes de
financiación (OSTERGREN et al., 2005).
Así en la actualidad ya existe abundante literatura, referente al cobro de tarifas en terrenos públicos, no
necesariamente ENP (véanse entre otros los trabajos de LINDBERG, 1997; LUNDGREN, 1997; CHASE et al.,
1998; CHRISTENSEN et al., 1998; VAN SICKLE & EAGLES, 1998; BOWKER et al., 1999; KRANNICH et al., 1999;
LINDBERG & AYLWARD, 1999; MORE, 1999; SCHNEIDER & BUDRUK, 1999; WATSON & HERATH, 1999; MORE &
STEVENS, 2000; BENGSTON & FAN, 2001; BENITEZ, 2001; BUCKLEY, 2003; ANDERSON & FREYMUND, 2004; y
OSTERGREN et al., 2005).
Aunque hay algunas inconsistencias en los resultados, la mayor parte de ellos son complementarios y han
contribuido sustancialmente al conocimiento de las respuestas a las tasas y cobros de entrada en diferentes
contextos y para diferentes tipologías de visitantes.
ANDERSON (2001), a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, centra el debate en tres aspectos fundamentales:
equidad, calidad de la experiencia y gestión de las tasas (cuadro 4). Así mismo clasifica todos
los estudios realizados en tres tipos: filosóficos (¿el ocio debe ser subsidiado por los estados?), psicológicos
(actitudes, expectativas, cambios de comportamiento) y estrictamente económicos.

El argumento más extendido y utilizado por aquellos que se oponen al cobro de tarifas es el problema que
supone la doble tasación o doble pago de impuestos, se trata el denominado por LINDBERG (2003) argumento
político-cultural “en muchos lugares la gente considera los parques nacionales y otros terrenos públicos
como parte de su herencia. Sienten que estas áreas son bienes públicos que deben ser provistos por los
gobiernos a todos los ciudadanos, y que deben ser financiados por impuestos. Simplemente se siente que
no es adecuado cargar tasas por acceder a terrenos públicos”. Otro argumento extendido es la interferencia
y pérdida de calidad de la experiencia que supone el pago de una tasa al mercantilizar la relación hombre-naturaleza
(entre otros ANDERSON, 1997 en ANDERSON & FREYMUND (2004); CHRISTENSEN et al., 1998;
SCHNEIDER & BUDRUK, 1999).
Así mismo, mucho se ha escrito sobre la posibilidad de una menor afluencia de visitantes a los ENP en el
caso de implantar o incrementar las tarifas, especialmente entre aquellos grupos socioeconómicos más desfavorecidos
(véase MORE, 1999; MORE & STEVENS, 1999; MARTIN, 1999). En general, y según BUCKLEY
(2003), las tarifas que se cobran actualmente a nivel mundial son bajas y no afectan al volumen total de
visitantes, ya que generalmente el precio de la tarifa muy reducido comparado con el coste total del viaje.
Estudios realizados en EE.UU. para explicar la baja afluencia a los ENP de grupos socioeconómicos considerados
como especialmente vulnerables (latinos y afroamericanos) han mostrado que son motivos ajenos al
incremento de las tarifas los que influyen en su decisión de no visitar estos espacios (LEUCHNER et al., 1987;
REILING et al., 1992).
Generalmente, estas consideraciones de tipo socio-económico se aplican principalmente al caso del turista
nacional, siendo menos importantes en caso de turistas internacionales, principalmente cuando la procedencia
de estos es de lugares con mayor poder adquisitivo (LINDBERG & AYLWARD, 1999). Así, son muchos los
países que cobran tarifas diferenciadas para nacionales y extranjeros.
Autores, como EAGLES et al. (2002) consideran que el cobro de tarifas a los visitantes, además de permitir
obtener ingresos que correctamente reinvertidos mejoran la calidad de la visita, puede contribuir a variosde los objetivos de gestión, desplazando el uso a áreas infrautilizadas, creando una actitud de respeto, o,
en el caso de las tarifas diferenciales, alcanzar algún fin social deseable. Sin embargo, en países desarrollados
la experiencia indica que unas tarifas modestas no influyen, por lo general, en el número de visitantes
(LINDBERG, 2001 en BUCKLEY, 2003¸ OSTERGREN et al., 2005) ni en su comportamiento (LEUSCHNER et
al., 1987). Por ello, en la actualidad, y según BUCKLEY (2003) las tarifas son utilizadas principalmente para
adquirir ingresos para el ENP más que como instrumento de limitación de visitantes.
Diversos estudios de disposición a pagar realizados en la década de los 90 mostraban cómo los visitantes de
AP en los países en vías de desarrollo están generalmente a favor de pagar mayores tarifas de las que se cargan
(TOBIAS & MENDELSOHN, 1991; MAILLE & MENDELSOHN, 1993; MENKHAUS & LOBER, 1996).
Los estudios disponibles muestran cómo son diversos factores los que influyen en la disposición a pagar tarifas,
entre ellos el nivel socioeconómico de los visitantes, el estado de conservación del espacio y la calidad
de la experiencia y de los servicios ofrecidos (BUCKLEY, 2003). En el caso de países desarrollados, como
EE.UU., investigaciones recientes indican que las tarifas son apoyadas específicamente cuando la alternativa
es una reducción de servicios (MORE & STEVENS, 2000; NPS, 2003) o cuando los ingresos obtenidos se utilizan
para realizar mejoras directamente en el ENP donde se ha recaudado (LEUSCHNER et al., 1987; LUNDGREN
et al., 1997; WHITE & LOVETT,1999; BENGSTON & FAN, 2001; NPS, 2003; OSTERGREN et al., 2005) siendo
los aumentos de tarifas, o la introducción de tarifas nuevas más fáciles de aceptar cuando existe una
intención clara de mejorar el servicio para los visitantes (BOWKER et al. 1999; BENGSTON & FAN, 2001; NPS,
2003).
Se suele decir que las personas valoran más aquello por lo que pagan. En este sentido, algunos ENP “han
descubierto” que tenían que incrementar las tarifas por sus programas interpretativos para que la gente
decidiera asistir “por lo visto los visitantes no se convencían de que los programas tenían la suficiente calidad
hasta que los precios estaban a la altura” (EAGLES et al., 2002). Así mismo los promotores de los sistemas
de tarifas argumentan que la percepción que produce el pago de una tarifa da sentimiento de “propiedad”,
que puede ser importante a la hora de reducir el vandalismo.
Se debe insistir, no obstante, que la mayor parte de los estudios se han hecho desde la perspectiva de los
fee-users y no de los grupos desplazados, gestores u otros colectivos, pudiendo existir un importante sesgo
en ese sentido (ANDERSON & FREYMUND, 2004).
Sin embargo, tan importante como la obtención de fondos es la gestión de los mismos, pues son muchas
las ocasiones en los que sistemas de cobro no han aportado los beneficios esperados y han creado gran insatisfacción
entre los visitantes por una gestión deficiente de los mismos. Así mismo, se debe tener en cuenta
que, como las tarifas de entrada no suelen ser tarifas de mercado sino inferiores, minimizar el coste de
recolección de las mismas (personal, infraestructuras, vigilancia, etc.) es una necesidad puesto que estos
costes pueden hacerlas poco rentables, por ejemplo, en lugares con pocos visitantes y muchos accesos (LOOMIS
& WALSH, 1997; BUCKLEY, 2003).
En la década de los noventa, era común que los ingresos generados se devolvieran al tesoro general del
Estado no produciendo beneficio directo para el ENP que los recaudaba (GIONGO et al., 1994). Estudios realizados
en diversos ENP durante la década (RODRÍGUEZ, 1993; LINDBERG & ENRÍQUEZ, 1994; GRENIER, 1994)
mostraban como, a pesar de la obtención de fondos por concepto entrada y actividades recreativas, éstos
no solían ser utilizados adecuadamente o no eran reinvertidos propiamente en el AP.
Como se ha anticipado, el grado de aceptación o rechazo a las tarifas depende de la confianza que tienen
los visitantes en que estas serán bien utilizadas, siendo mejor aceptadas cuando son reinvertidas directamente
en el lugar donde se recogen (VOGTH & WILLIAMS, 1999 en BUCKLEY, 2003). En este sentido, el ICOMOS
(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) elaboró en 1999 una carta sobre cultura y turismo en
la que se recomendaba asignar una parte significativa de los ingresos generados a “la protección, la conservación
y a la presentación de los lugares e informar a los visitantes de dicha asignación” (EAGLES et al.,
2002). En la actualidad, son diferentes las formas de gestión que existen de los ingresos obtenidos a partir del uso
público en los ENP:
Los ingresos generados son devueltos al tesoro general que los reinvierte:
- En financiar el sistema de ENP. Los ingresos por turismo derivados de los ENP más populares pueden utilizarse
para ayudar a financiar otros que no atraen a tantos turistas o en las que sería inapropiado admitir
un volumen elevado. La mayor parte de las veces se reinvierten en conservación, no en uso público.
- En financiar otras partidas del presupuesto nacional (sanidad, educación, etc.).
- Los ingresos generados son gestionados por el propio ENP que los reinvierte en actividades tanto de conservación
como de gestión del uso público.
- Los ingresos son gestionados por el propio ENP que los reinvierte exclusivamente en el mantenimiento
y mejora de equipamientos y servicios de uso público del ENP.
- Los ingresos son gestionados por el propio ENP que los reinvierte en el mantenimiento y mejora del equipamiento
o servicio los generó (Ej. las tasas cobradas en las visitas guiadas se reinvierten en la misma:
formación de los guías, compra de prismáticos para la visita, etc.)
- Mixta entre las anteriores.
En la actualidad, en los países desarrollados los ingresos obtenidos a través de tarifas de uso público únicamente
suponen una pequeña parte del presupuesto (BUCKLEY, 2003). Intentar garantizar los presupuestos
para conservación a partir de éstos ingresos no parece la mejor opción, sin embargo pueden ser un buen
complemento a los presupuestos gubernamentales.