Parte de las obras de Puerto Mayor, en La Manga, podrían reanudarse

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Parte de las obras de Puerto Mayor, en La Manga, podrían reanudarse mientras se resuelve el recurso


Tres años después de que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) decidiera paralizar cautelarmente las obras de Puerto Mayor, junto al Canal de El Estacio de La Manga, un experto designado por este tribunal ha informado de que una parte importante del proyecto puede proseguir su construcción hasta que se resuelva formalmente el recurso que planteó el Ministerio de Medio Ambiente contra el Gobierno regional, que fue quien autorizó las obras.

El dique sur
La parte del proyecto que probablemente continuará es el dique sur, todas las obras interiores del puerto -para 950 puntos de amarre-, motas, cerramientos y el dragado del Canal del Estacio.

Puerto Mayor es uno de los principales proyectos turísticos y deportivos del litoral mediterráneo.

El abogado del Estado ha rechazado de plano este informe, ya que considera que se estaría «autorizando judicialmente de facto la construcción del puerto deportivo», que es lo que el Ministerio pretende evitar.

José Luis Monsó de Prat, ingeniero de Caminos, Canales y Puerto de Barcelona, experto en este tipo de obras, ha determinado el alcance que deben tener las medidas cautelares que dictó el Tribunal Superior de Justicia en el año 2005, cuando paralizó cautelarmente el proyecto.

El alto tribunal dijo entonces que un informe posterior debía determinar qué parte de las obras debían seguir y qué parte quedar paralizada hasta que llegue al fallo definitivo.

En su auto del 17 de junio del 2005, la Sala de lo Contencioso señaló que el proyecto que se estaba ejecutando en La Manga no se correspondían con la concesión inicial del año 1975, puesto que había modificaciones posteriores que debían contar con la autorización de la Dirección General de Costas, organismo que se opone a estas obras por un supuesto daño al equilibrio ecológico de la zona e incluso a la laguna interior del Mar Menor.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia puede tardar años, sobre todo si alguna de las partes recurre después al Tribunal Supremo.

Según el informe pericial de José Luis Monsó, y que el Tribunal Superior de Justicia puede admitir, pueden continuar aquella parte de las obras que se corresponden con la concesión inicial otorgada en el año 1975 al promotor Tomás Maestre.

Asimismo, prevé que se acometan trabajos de consolidación de otra parte ya ejecutada para evitar su deterioro. Lo que este experto descarta del todo es que se acometa la urbanización proyectada en la zona.
A partir de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno regional ejecutará materialmente las medidas cautelares.

El informe de este experto independiente ha sido remitido a las partes para que presenten sus alegaciones y soliciten más información, si llega el caso.

El abogado del Estado Juan Ramón Calero solicitó días atrás al Tribunal Superior de Justicia que devuelva el informe pericial a su autor para que lo reelabore.

El defensor de los intereses del Estado considera que dicho dictamen no se ajusta a la finalidad para la cual se encargó. Sostiene, asimismo, que el ingeniero José Luis Monsó emite opiniones jurídicas.

Propone, por último, que debe fundamentar y motivar técnicamente sus conclusiones y consideraciones.


Autorización de facto

Ramón Calero apunta a la Sala del Tribunal Superior de Justicia que «con las obras que se proponen en el informe se estaría autorizando de facto la construcción de un nuevo puerto deportivo que no se corresponde ni con el de la concesión del año 1975, ni con los consiguientes modificados de 1988 y el año 2001».

Añade el abogado del Estado que algunas de las obras que propone el perito «facilitan la entrada en funcionamiento» de la dársena deportiva. También rechaza que sea necesario el dragado, porque cree que son suficientes los dos metros de profundidad para las embarcaciones que maniobran en la zona.

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Comunicado del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia:

En relación con determinada noticia aparecida en los medios de comunicación donde se da cuenta de una presunta denuncia al perito de Puerto Mayor incluyendo, forzadamente, determinada relación laboral con la Comunidad Autónoma, el Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos se ve en la imperiosa necesidad de puntualizar tal información a fin de calificar tal actitud, la de ANSE y Greenpeace, de errónea y falta de viabilidad, pues no siendo parte actora y no habiéndose personado en el proceso que entiende el conflicto de Puerto Mayor no existe posibilidad alguna de presentar recurso contra nada. Sí en cambio pudieron hacerlo en su día la parte demandante (Dirección General de Costas del Ministerio del MRM) y la propia demandada, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tal circunstancia resulta esclarecedora acerca del respeto tenido (por ambas partes litigantes) hacia el nombramiento del perito judicial propuesto por el Colegio de ingenieros de caminos


El comunicado de estas organizaciones ecologistas resulta inadmisible para este Colegio pues el nombramiento de José Luís Monsó se concretó bajo el estricto criterio que se deviene de 1º Ser profesional no residente en la Región. 2º Figurar, según expedientes verdaderos, como uno de los expertos más acreditados de España en cuestiones marítimas.


No calificaremos de maldad la iniciativa ecologista que nos mueve a replicar, sin embargo el asomo de duda que se infiere de tal comunicado es preciso eliminarlo. Para ello adjuntamos relación exhaustiva de los contratos realizados por EUROPRINCIPIA (empresa presidida por J.L. Monsó) en donde puede deducirse la idoneidad de la designación hecha por el Colegio y aceptada por el juez. Además de la relación figurada se deduce que es la Dirección General de Costas un contumaz cliente de EUROPRINCIPIA, así como que la relación profesional de esta empresa con la Comunidad Autónoma -si bien fructífera técnicamente para los intereses regionales- resulta en cantidad y calidad del orden de seis o siete veces inferior a la que se establece entre la Dirección General de Costas y EUROPRINCIPIA.


Tales son las cosas, por lo que pedimos a ANSE y Greenpeace más rigor, mejor conocimiento de las cosas y mesura académica en sus manifestaciones. Por el bien de todos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, C y P. Región de Murcia