Dicen que con la última reforma apenas entran ya presos preventivos en prisión. Se parece a la situación que provoco Ledesma cuando fue ministro de Justicia, que tuvo que enmendarla a los pocos meses por el aumento de delincuencia en la calle.
Ahora parece que es un tema económico: resulta mucho más barato suspender, sustituir o imponer directamente penas alternativas, aunque no sirven para nada, porque su cumplimiento es virtual en la mayoría de los casos, que no impedir que los delincuentes sigan ejerciendo su profesión en la calle mediante el ingreso en prisión.
Es el principio de mínima intervención (cuanto menos se interviene, menos costo); pero si la efectividad es nula, el costo, aunque bajo, debería valorarse como excesivo.
Y a las víctimas que les den.
Ya he desahogado. Ahora a seguir planificando la siguiente navegación, que también sirve para olvidar todas estas cosas.
